Esta ley tiene por objetivo dar mayor agilidad y certeza jurídica para la tramitación de proyectos de construcción y la aprobación de permisos.
Con fecha 23 de septiembre de 2024, el Congreso aprobó el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) con el objetivo de descongestionar los trámites en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) y reducir los tiempos para la aprobación de permisos de construcción.
La iniciativa busca resolver una de las principales problemáticas que han enfrentado las empresas del rubro inmobiliario y de la construcción, que es la excesiva tramitación y el largo tiempo que toma la aprobación de proyectos, lo que finalmente los encarece y, muchas veces, lleva al desistimiento de los desarrolladores.
Este es uno de los factores que ha causado la actual crisis que vive el sector inmobiliario y construcción, además del déficit habitacional que existe actualmente en el país.
Quizás el cambio más importante que se genera con esta nueva ley es la posibilidad de que una importante cantidad de obras menores, puedan ejecutarse solo con la presentación previa de una declaración jurada suscrita por un arquitecto y los demás profesionales que intervengan donde certifiquen que el proyecto cumple con la normativa urbanística, ahorrándose la tramitación ordinaria del permiso de edificación.
Estas obras menores aún tienen que determinarse por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero la sola existencia del mecanismo supone un avance en los tiempos de tramitación de estos proyectos y descongestionará a las Direcciones de Obras Municipales
Dentro de los otros cambios relevantes que se incorporan destacan:
- Una mayor delimitación de las funciones y facultades que tienen los Directores de Obra Municipales en la tramitación de proyectos.
- Reducción de los tiempos para la aprobación de anteproyectos, informes de mitigación de impacto vial y permisos de construcción.
- Se determina un plazo de 30 días desde la presentación de la respectiva solicitad para que la DOM se pronuncie sobre los permisos de construcción, dicho plazo será de 60 días en caso que el proyecto considere ocupación de 1.000 personas.
- Se sustituye la denominación “permisos de edificación” por “permisos de construcción”.
- Se crea un reclamo directo ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para el caso en que el Director de Obras Municipales niegue un permiso de edificación expresamente o a través del silencio negativo.
- Se crea un nuevo reclamo de ilegalidad urbanístico compuesto de dos instancias. Primero, ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y segundo, ante la Corte de Apelaciones respectiva, remplazando el reclamo de ilegalidad municipal que hasta hoy existía.
- Aumenta el abanico de responsabilidades de los arquitectos y profesionales que realicen los estudios de cálculo estructural y de mecánica de suelo. Las responsabilidades de los revisores independientes también presentan modificaciones.
El proyecto aprobado ya fue despachado al Ejecutivo, para su promulgación y publicación.
Esta ley entrará en vigencia en distintas etapas. Algunas normas entrarán en vigencia 45 días después de que se publique la ley, otras, dentro de 6 meses.
Finalmente, se acordó entre el Congreso y el Gobierno la tramitación de un nuevo proyecto que permita continuar con la simplificación de otros trámites sectoriales, el cual deberá ser ingresado en un plazo de 15 días contados desde el 23 de septiembre.
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