La entrada en vigencia de la Ley N° 21.131, más conocida como “Ley de Pago a 30 días”, que obliga a todas las personas, naturales y jurídicas a pagar las facturas emitidas a su favor en un plazo máximo de 30 días, pretende ser adelantada producto de la contingencia nacional y los efectos que ha ocasionado en la mayoría de las PYMES, sin la necesidad de esperar el periodo de transición que duraba hasta febrero de 2021.
Es importante destacar que inicialmente se estableció una progresión en su entrada en vigencia con el objeto de establecer un primer periodo de transición el cual fijó el plazo máximo de pago de facturas a 60 días.
Recordemos que el objetivo principal de esta ley es disminuir los plazos de pago usualmente impuestos por las grandes empresas compradoras o beneficiarias de los bienes o servicios prestados por pequeñas y medianas empresas vendedoras o prestadoras de los mismos, entregándoles certeza respecto del plazo en que debe efectuarse el pago de la obligación por parte del comprador o beneficiario.
En este escenario, y en el contexto del impulso legislativo del Gobierno en la llamada “Agenda Social”, se ha presentado formalmente el proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Pago a 30 días con el objeto de adelantar su entrada en vigencia, la que se estima en rigor a los 90 días de la publicación de esta modificación; por lo que el pago a 30 días comenzaría a ser obligatorio para todos al inicio del año 2020.
Actualmente, el proyecto se encuentra ingresado con urgencia y discusión inmediata, siendo el primer trámite legislativo esperando la aprobación en la comisión de economía de la Cámara de Diputados.
