Con fecha 05 de julio de 2022, el Parlamento Europeo adoptó dos normas cruciales que cambiarán el panorama digital a nivel europeo y global: la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA).
Mediante la aprobación de estas normas, los países de la Unión Europea (EU) buscan abordar los efectos sociales y económicos que la industria tecnológica genera en sus habitantes, estableciendo un conjunto único de reglas relativas al funcionamiento y prestación de servicios en el entorno digital.
Digital Services Act (DSA): Entorno digital más seguro
La DSA tiene por finalidad generar un entorno en línea seguro, predecible y confiable. Para ello establece obligaciones para los proveedores de servicios intermediarios digitales, incluyendo servicios de mera trasmisión, coaching y/o almacenamiento de datos, como por ejemplo redes sociales o marketplaces.
Dichas obligaciones aplicarán a los proveedores de servicios intermediarios cuando vayan dirigidos a personas naturales o jurídicas que residan o tengan su lugar de establecimiento en la EU, con independencia del lugar de establecimiento de los prestadores.
Dentro de este nuevo abanico de obligaciones se contempla:
- Adopción de medidas para contrarrestar la difusión de contenidos ilegales en línea y establecimiento del deber de las plataformas de reaccionar rápidamente, respetando los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la protección de datos.
- Refuerzo de la trazabilidad y de los controles de los vendedores en marketplaces en línea para garantizar la seguridad de los productos y servicios; incluidos esfuerzos para realizar controles aleatorios para verificar posibles reapariciones de contenidos ilegales.
- Mayor transparencia informativa de los prestadores en línea y responsabilidad de las plataformas, por ejemplo proveyendo información clara sobre el uso de algoritmos para recomendar contenidos (sistemas de recomendación), además de brindar especificaciones en cuanto a los servicios, usuarios y sistemas utilizados por medio de informes.
- Prohibición de prácticas engañosas y de determinados tipos de publicidad, como la dirigida a los niños y los anuncios que operan con algoritmos basados en datos personales sensibles, tales como la etnia, orientación sexual o religión de los usuarios. También se prohibirán los llamados dark patterns y las prácticas engañosas destinadas a manipular las decisiones de los usuarios.
Digital Markets Act (DMA): Regulando las prácticas de las Big-Tech
El objetivo de la DMA es garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas digitales, independientemente de su tamaño. En este sentido, la norma establecerá obligaciones para las grandes plataformas en línea que actúan como “gatekeepers” en mercados digitales (plataformas cuya posición dominante online las hace difíciles de evitar por parte de los consumidores) para garantizar un entorno comercial más justo y más servicios para los consumidores.
En este contexto, los gatekeepers deberán:
- Permitir a terceros interoperar con sus propios servicios: Esto significa, por ejemplo, que plataformas pequeñas de mensajería podrán solicitar a las plataformas de mensajería dominantes que permitan a sus usuarios intercambiar mensajes, enviar mensajes de voz o archivos entre sus apps de mensajería.
- Permitir a usuarios que actúan como empresas en el entorno digital a acceder a los datos que ellos generan en la plataforma del gatekeeper, para promocionar sus propias ofertas y celebrar contratos con sus clientes fuera de estas plataformas.
Por su parte, se prohibirá a los gatekeepers:
- Clasificar sus propios productos o servicios de forma más favorable (self-preferencing) en sus plataformas con respecto a terceros.
- Impedir a los usuarios desinstalar softwares o aplicaciones precargadas, o impedir utilizar aplicaciones y tiendas de aplicaciones de terceros.
- Tratar datos personales de sus usuarios para realizar publicidad dirigida, salvo que dichos usuarios hayan explícitamente concedido su consentimiento.
Para garantizar que la DMA se aplique correctamente y en consonancia con el dinámico sector digital, la Comisión Europea podrá llevar a cabo investigaciones de mercado para verificar su cumplimiento. En este contexto, si un gatekeeper incumple esta normativa se expone a multas de hasta el 10% de su volumen de negocios total a nivel mundial en el ejercicio financiero anterior, o hasta el 20% en caso de incumplimiento reiterado.
En cuanto a su entrada en vigor, la DSA será directamente aplicable transcurridos quince meses desde su publicación en la Gaceta Oficial de la Unión Europea o a partir del 1 de enero de 2024 (lo que ocurra más tarde). Por su parte, la DMA regirá transcurridos seis meses después de su entrada en vigor. En este sentido, los gatekeepers tendrán un máximo de seis meses después de haber sido designados como tales para cumplir con sus nuevas obligaciones.
Esta normativa ciertamente contribuirá no sólo a definir el estándar de comportamiento de las firmas en el entorno digital en la UE sino que probablemente a nivel nacional.
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