El pasado 22 de marzo de 2022, se retiró de la Contraloría General de la República el Decreto N° 2, que modifica el Decreto Supremo N° 47 de 1992.
Las principales preocupaciones frente al retiro del decreto, es que este reconocía que la caducidad constituye una de las figuras jurídicas, cuya verificación y efectos han originado mayores problemas interpretativos dentro del Derecho Urbanístico.
De esta forma, contar con una norma en tal sentido, sería de gran beneficio y entregaría mayores certezas frente al complejo escenario actual para la construcción, provocado por las alzas de las tasas hipotecarias y mayor inflación de insumos utilizados en las obras.
En la normativa vigente se establece que la caducidad de un permiso de edificación es de 3 años si no se han iniciado los obras o se han mantenido paralizadas durante ese periodo de tiempo. El Decreto N°2 pretendía regular la prórroga de los permisos, bajo dos hipótesis.
En primer lugar, se regulaba la prórroga de los permisos cuyo inicio o continuación de obras se haya visto impedido por una orden de paralización de una autoridad administrativa o judicial, siempre que dicho orden no sea consecuente de un incumplimiento del propietario del permiso. Y en el caso que el inicio o el reinicio de la construcción dependiera de la obtención de alguna autorización adicional, otorgado por otro órgano de la administración del Estado.
Asimismo, el decreto, planteaba la necesidad de diferenciar el hito de inicio de una obra por tipo de permiso e incorporar una definición de paralización de obra.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo explicaron que el fin del retiro del decreto de la Contraloría, fue para su revisión y prontamente se tomará una decisión sobre la materia.
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