Nuestra directora del Grupo Penal, Loreto Hoyos, conversó con El Mercurio sobre sobre el sistema carcelario en Chile a raíz de los graves sucesos ocurridos esta última semana.
‘Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles en el país’.
Las palabras del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, —dichas la semana pasada en ‘Reportajes’— tuvieron eco toda la semana. Y probablemente lo seguirán teniendo.
Muchos en el ambiente político comentaban, esta semana, que la frase ‘no podría haber tenido peor timing’. Esto porque un día después de publicada la entrevista se reportaba el hallazgo de un reo decapitado en el Complejo Penitenciario Biobío. Luego, ese mismo lunes, Evelyn Matthei y su equipo lanzaban su propuesta de cárceles.
Tras eso, el martes, el Gobierno recién estaba empezando a armarse ante las críticas cuando llegó otra noticia trágica: En la cárcel Alto Bonito, de Puerto Montt, un preso había sido asesinado mediante más de 200 puñaladas.
No era todo.
Después, casi como una jugarreta del destino, se informaba de un nuevo homicidio, esta vez en el penal de Alto Hospicio.
Son tres hechos que conforman un total de 42 muertes violentas en cárceles en lo que va de 2024. La cifra más alta de los últimos tres años (en 2023 hubo 35 y en 2022, 29).
Es un número que, además, deja, a lo menos, seriamente cuestionada la evaluación del ministro de Justicia.
Al respecto, los expertos y políticos tienen distintas opiniones. Pero concuerdan en algo: El sistema carcelario de Chile o está en crisis, o camina hacia allá.
¿Con quién nos comparamos?
¿Tiene Gendarmería el control de las cárceles?
Para el experto en crimen organizado Pablo Zeballos, autor del libro ‘Un virus entre sombras’, es una frase que puede tener sustento, en comparación con otros países de América Latina. Pero que, al hacer el mismo ejercicio con respecto a la realidad chilena de años pasados, la evaluación cambia.
‘Hace 10 años teníamos la misma cantidad de cárceles de ahora. En diez años no hemos trabajado en profesionalizar el cuerpo de Gendarmería. No hemos trabajado en mejorar las formas de segmentación. No hemos mejorado las formas de clasificar criminalmente a los sujetos, pese a que hoy día tenemos la evidencia de que están ingresando integrantes de estructuras de crimen organizado, que tienen lógicas diferentes a las que estábamos acostumbrados. Esa comparación entre nosotros mismos nos deja muy al debe’, agrega.
La abogada penalista Loreto Hoyos, directora del Grupo Penal Albagli Zaliasnik, coincide en matizar la evaluación.
‘En parte sí hay control, pues no vemos fugas masivas de reos. Pero si por control entendemos generar y mantener condiciones que garanticen la seguridad intra y extra penitenciaria y la resocialización de los reos, estamos muy lejos de eso‘.
Quienes sí están de acuerdo con la frase del ministro es precisamente en la institución aludida por el jefe de cartera: Gendarmería.
Desde allá, el subdirector operativo Leandro Pincheira detalla los argumentos que sostendrían que la entidad sí tendría el control de los penales. ‘Sabemos exactamente cuántas personas hay recluidas, quiénes son esas personas y dónde están recluidas’, dice. A la vez, agrega que ‘nuestro personal tiene acceso a cada rincón de las cárceles del país, ejerciendo la labor de vigilancia y custodia y manejando las diferentes situaciones propias de un sistema penitenciario, como intentos de fuga o agresiones entre internos, siempre en la perspectiva de anticipar y minimizar su ocurrencia, además de fuertes medidas de control interno anticorrupción’.
Sin embargo, entre los expertos la mirada no es tan positiva. De hecho, afirman que hay varios hechos que probarían que desde hace tiempo el control se viene perdiendo. Algunos, por ejemplo, recuerdan el descubrimiento de celdas ‘vip’ en Colina 2, en 2019. Y otros hacen alusión al motín de 20 días que sufrió la Cárcel de Alta Seguridad a mediados de junio de este año.
Recintos Segregados
La experiencia de América Latina —e incluso en Estados Unidos— muestra que es frecuente que los grupos de crimen organizado se fortalezcan, o incluso se creen dentro de las cárceles. Es el caso del Primer Comando de la Capital, originado en la prisión de Taubaté en Sao Paulo; el Comando Vermelho, que nació en la cárcel Cándido Mendes en Ilha Grande; o el mismísimo Tren de Aragua, cuyas bases surgieron en la cárcel de Tocorón, en Venezuela.
Es un problema que podría pasar también en Chile si es que no se pone foco en un concepto, hoy por hoy, esencial, en política penitenciaria: la segregación.
‘Tú tienes que tener cárceles de máxima seguridad, mediana seguridad y mínima seguridad, para incentivar también la salida de los circuitos criminales’, dice Zeballos.
En esto ahonda Daniel Johnson, director de la Fundación Paz Ciudadana, quien explica que ‘el aislamiento efectivo de los reclusos del exterior, permitiendo solo comunicaciones selectivas y monitoreadas; una segregación que evite el contacto entre miembros de organizaciones delictuales; y un sistema de transparencia que permita a las autoridades, la ciudadanía y el tercer sector monitorear el desempeño carcelario, son pasos fundamentales para romper el círculo vicioso y mejorar el sistema penitenciario’.
Para solucionar esto, la propuesta de Matthei acude a Italia, país que subdivide los distintos regímenes en baja peligrosidad, mediana peligrosidad, alta peligrosidad y máxima peligrosidad. Algo con lo que se logró detener, en gran parte, el accionar de las mafias.
Sin embargo, es un sistema que no tiene consenso entre los expertos, dado que acumular a reos que comparten un mismo pensamiento puede facilitar su organización.
‘Estamos poniendo a todos los integrantes del Tren de Aragua juntos. Puede que esté resultando ahora, porque quizás es un número controlable. Pero ya se produjo un motín en la Cárcel de Alta Seguridad’, explica Liza Zúñiga, máster en criminología, docente de la Usach y de la Escuela de Gendarmería.
Asimismo, Hoyos expresa que ese sistema jurídico ‘aísla a los presos incluso de sus familias. Ni siquiera los gendarmes pueden hablar con ellos. Es excesivo’.
Un problema de espacio
‘Desde diciembre de 2021 tenemos prácticamente 47% de aumento de la población penal, el mayor que registra el país en tan poco tiempo. La situación es crítica y las proyecciones que vienen hacia adelante son muy complejas’, dijo en estas páginas, en septiembre, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, poniendo énfasis en uno de los principales problemas del sistema penitenciario local: el hacinamiento.
Para el grupo de trabajo que elaboró la propuesta de Evelyn Matthei, el sobreúso es de un 140%. Siendo el caso más crítico el de la Región de Atacama, con un 230%.
Para Zúñiga, en algunos recintos ‘estamos en una situación similar a la que había cuando fue el incendio de la cárcel de San Miguel’, explica. Y agrega que en Chile conviven cárceles relativamente modernas con otras ‘antiguas, con una situación de infraestructura deficiente’. Menciona por ejemplo la cárcel de Puente Alto, la de Copiapó y, especialmente, la ex-Penitenciaría, ‘que es un museo. Tiene un diseño que no existe en el mundo y que no debiera existir’. Hoyos agrega que la prioridad debiera ser crear otros mecanismos que no impliquen ‘meter tanta gente en las cárceles’.
De acuerdo a algunos expertos, gran parte de este problema proviene del aumento de la población extranjera en Chile y, por consiguiente, de la multiplicación de los reos foráneos en los penales nacionales. De ahí que el equipo de Matthei proponga expulsar a 3 mil extranjeros condenados.
‘Es clave, porque los delincuentes extranjeros importan modelos de comisión de delitos y de control territorial dentro de las mismas cárceles’, dicen desde el entorno de la exalcaldesa.
Ahora bien, otra coincidencia entre los especialistas es que, además de construirse nuevas cárceles, los cambios deben hacerse también en Gendarmería.
Fuente: El Mercurio, 15 de diciembre de 2024.
