¿Cómo avanza la transición energética en Brasil, Chile, México y Ecuador?

Los invitamos a leer la publicación de LexLatin en que nuestro director del Grupo Energía e Infraestructuras, Federico Rodríguez, comentó sobre como avanza la transición energética en Chile.

Desde 2015, la transición hacia la descarbonización en América Latina ha avanzado, aunque no a la velocidad esperada, de acuerdo con el último informe del Foro Económico Mundial. Mientras que unos países han logrado destacar en los primeros puestos del Índice de Transición Energética (ETI, por sus siglas en inglés) durante 2024, como Brasil, Chile y Costa Rica, por ejemplo, otros, como México y Ecuador, muestran rezago.

Son diversos los factores que provocan la ralentización en la concreción de los objetivos mundiales, entre ellos el contexto económico global de alta inflación y tasas de interés, el incremento de las tensiones geopolíticas y los cambios en materia tecnológica, en un proceso que demanda grandes inversiones.

Pero uno de los indicadores más importantes es el de la política interior de los países, evidenciado por la apuesta de estos por diversificar la matriz energética a través de la regulación, aunque en algunos casos se ha convertido en una amenaza para el desarrollo normal de los acuerdos entre los jugadores del mercado, incrementando los arbitrajes en el marco de la transición, como señala Burford Capital, en un informe reciente.

Al respecto, Eric Franco, socio de Legal Delta, comenta que, especialmente en el sector de la generación eléctrica, se observa un incremento en el riesgo de controversias por factores como:

1. La menor barrera de acceso al mercado de jugadores, que hace que haya una mayor competencia por las zonas para desarrollar los proyectos.
2. El incremento de la regulación ambiental y las expectativas de la población de la zona de influencia de los proyectos, algo que genera que sea más trabajoso, costoso y algunas veces inviable realizar proyectos.
3. El uso de nuevas tecnologías, pues trae consigo el riesgo de defectos en los equipos innovadores, siendo muy costoso cuando se afecta un número elevado de equipos.
4. El cambio de esquemas contractuales, al pasar de plantas de generación con pocas unidades de generación, como las turbinas a gas, a muchas unidades que pueden operar por separado, como las turbinas eólicas o los paneles solares.

“Dado que el reto de inversión es muy grande y no hay tiempo ni dinero que perder, un aspecto esencial es cambiar el enfoque adversarial en el desarrollo de proyectos a uno más colaborativo. La colaboración en la industria de la construcción requiere un cambio de paradigma y está ganando un importante apoyo internacional”, explica.

Para el especialista en contratos de proyectos de infraestructura y construcción internacionales, el punto de partida es pasar de un esquema que tiene la finalidad de negociar ‘la transferencia de tantos riesgos como se pueda’ a otro en el que el riesgo se asigne a quien ‘esté en mejor posición para administrarlo’, y que además se reconozca que lo más importante es gestionar los riesgos y no solo asignarlos, en beneficio del proyecto.

Partiendo de la idea de que la sostenibilidad también aplica a las relaciones contractuales, comenta que los contratos han sido elaborados durante mucho tiempo con un esquema adversarial y ello se refleja en la alta conflictividad, tanto en la industria de la construcción como en la energética en general, algo que debe cambiar para crear relaciones saludables de largo plazo y hacer frente a contextos retadores y complejos.

El contexto en Brasil, ¿qué desafíos tiene por delante el país que más ha avanzado en su transición energética?

Con casi dos décadas de trabajo, políticas públicas focalizadas y abundancia de recursos naturales, Brasil lleva la delantera en América Latina en la transición energética, con la adopción de energías renovables a gran escala.

Rosi Costa Barros, socia del área de energía y recursos naturales de Demarest Advogados, dice que la publicación del Programa de Incentivos a Fuentes Alternativas, hace casi 20 años, facilitó la contratación de energía procedente de fuentes alternativas (en desarrollo en ese momento) y la creación de subsidios que permitieron descuentos en las tarifas de uso de sistemas de transmisión y distribución a las plantas que generan energía a partir de esas fuentes y a sus respectivos consumidores. Hoy esta energía representa casi el 90 % de la matriz eléctrica brasileña, según datos del Operador Nacional del Sistema Eléctrico Brasileño (ONS).

Sin embargo, para Thais Araujo Rato Tarelho, también abogada del área de energía y recursos naturales de Demarest, el país tiene muchos desafíos por delante, entre ellos la seguridad energética, la infraestructura de transporte, la generación de energía a partir de otras fuentes, la viabilidad económica, por ejemplo, de los parques eólicos marinos y la formación de profesionales que puedan afrontar las demandas tecnológicas vinculadas a la transición, uno de los temas más debatidos en el G20.

“Hay avances en este ámbito que dependen de una mayor asociación entre inversores y autoridades públicas. En esta estela de innovación, lo ideal es un escenario regulatorio flexible que no desaliente la inversión y que promueva resultados prácticos”, refuerza Costa.

En materia regulatoria, en agosto de este año Brasil marcó un hito al sancionar la Ley 14.948, que no solo incluye incentivos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno bajo en carbono, sino también para la producción de biocombustibles (etanol, biogás o biometano), destinados a la obtención de hidrógeno con bajas emisiones de carbono.

También en agosto, el país publicó la Política Nacional de Transición Energética, con directrices generales y conceptos para encaminarse en la ruta hacia la descarbonización, destacando cuestiones de universalización, seguridad energética y reducción de la desigualdad energética, entre otras.

En el camino hacia el llamado cero neto, el sector transporte es una de las principales preocupaciones, pues ocupa el segundo lugar en el ranking brasileño de mayores emisores de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el Observatorio del Clima (2022), por lo que hay una agenda en discusión que incluye:

• Desarrollo de tecnología a gran escala para el uso de pilas de combustible que utilizan hidrógeno verde como vector.
• Electrificación de la flota, que requerirá el desarrollo de infraestructuras que permitan la recarga de vehículos.
• Incentivos para la producción de vehículos que cumplan con la agenda de transición energética.

Un avance en la ruta es la Ley de Combustibles del Futuro, que fue promulgada el pasado 8 de octubre.

Los planes de Chile a mediano plazo

El notable avance que muestra Chile en su transición energética es resultado de una combinación de ventajas naturales, con altos niveles de radiación solar en el norte e importantes capacidades en el ámbito eólico en el centro-sur (con factores de planta muy elevados en el sur), y un marco regulatorio sólido, de acuerdo con Federico Rodríguez, director de energía e infraestructura de Albagli Zaliasnik.

“Estos altos factores de planta han hecho que la energía eólica sea particularmente atractiva, no solo para el abastecimiento nacional, sino también como una fuente para la producción de hidrógeno verde”, comenta, convencido de que en esto ha sido clave el impulso que el gobierno ha dado a la política de licitaciones de terrenos públicos para proyectos de energía renovable, ampliándolas recientemente para incluir el desarrollo de hidrógeno verde.

En materia regulatoria, el país busca fortalecer su transición hacia una economía descarbonizada y optimizar el aprovechamiento de sus recursos naturales por varias vías que, de acuerdo con el abogado de AZ, son:

1. Reformas al sistema de evaluación ambiental y permisos: Se están impulsando reformas para hacer el sistema más ágil y predecible para facilitar la planificación y ejecución de proyectos renovables y garantizar, al mismo tiempo, la protección ambiental y social de los territorios.
2. Reducción progresiva de subsidios a los combustibles fósiles. La transición gradual de este tipo de subsidios hacia incentivos para energías limpias es un paso fundamental para crear una competencia justa e incentivar la adopción de soluciones sostenibles, aumentando la competitividad de las energías renovables frente a las convencionales.
3. Marco regulatorio para hidrógeno verde y almacenamiento de energía. Chile está desarrollando un marco regulatorio específico para el hidrógeno verde, que establece normas para su producción, seguridad y comercialización. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, impulsada por el Ministerio de Energía de Chile, es un hito clave en esta dirección y posiciona al país como un potencial exportador de hidrógeno limpio. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) está trabajando en regulaciones que incentivan el almacenamiento de energía, como el uso de sistemas BESS, lo que fortalecerá la estabilidad de la red eléctrica y permitirá gestionar la intermitencia de las fuentes renovables.
4. Uso del Instituto de Tecnologías Limpias. Chile cuenta con vastas reservas de litio, un mineral esencial para el almacenamiento de energía en baterías, tanto en vehículos eléctricos como en sistemas de almacenamiento a gran escala. La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), a través del Instituto de Tecnologías Limpias, con la promoción de investigación y desarrollo en tecnologías de almacenamiento de energía y el uso eficiente del litio, se convierte en un motor de innovación para la transición energético.
5. Implementación de créditos de carbono y mercados de emisiones. Esto permitirá que las empresas puedan cumplir sus objetivos de reducción de emisiones de manera flexible y eficiente, al tiempo que generará una fuente de financiamiento para nuevos proyectos de energía limpia.