Los invitamos a leer la columna de opinión escrita por Antonio Rubilar, director del grupo de Derecho Público y Mercados Regulados, quien se refirió a los principales desafíos regulatorios sustentables para este 2024 en Chile.
La sustentabilidad se transforma cada vez más en un factor clave de las estrategias del sector público y privado de nuestro país y es por eso que la normativa avanza con más fuerza. En ese contexto, este 2024 estará marcado por una serie de desafíos en torno al tema.
El primer gran reto gira alrededor de los requisitos a nivel de permisología, para compatibilizar un desarrollo sustentable con la modernización y simplificación de los permisos a los que están sometidos los proyectos de inversión. Chile está hoy en un escenario complejo: mientras el desarrollo de proyectos de inversión es más necesario que nunca, estos estarían afectos a cifras realmente elevadas de trámites (entre permisos sectoriales, autorizaciones ambientales, registros, entre otros).
En este contexto, generó mucha expectación el anuncio del gobierno del proyecto de ley de cambios en la permisología ambiental, que ingresó al Congreso en enero. Esta iniciativa indudablemente tiene aciertos y representa un paso en la dirección correcta, pero serán muy necesarios los aportes que se hagan en el Congreso, para hacer más llevadera la tramitación de proyectos de inversión. Un proyecto de esta envergadura, omnicomprensivo y que busca marcar la diferencia, necesariamente requerirá de un diálogo constructivo entre Gobierno y Parlamento, puesto que es un tema que nos interesa a todos.
Ahora bien, si después de aprobado el proyecto, aún no contamos con una tramitación razonable, por ejemplo, para proyectos de desalación, litio o hidrógeno verde, será necesario profundizar aún más en la actualización de la regulación, puesto que el desafío de sustentabilidad está precisamente en aquellas áreas estratégicas donde el país tiene ventajas comparativas. De salir bien, podría constituir la iniciativa de inversión más importante de la última década.
También hay alta expectación porque este 2024 es el primer año de vigencia de la ley de delitos económicos, que tipifica una serie de ilícitos medio ambientales, que podrían significar pena de cárcel. Durante este año veremos la implementación de esta ley y cómo los tribunales aplican la normativa. Así podremos corroborar si significó o no un avance en sustentabilidad y, en caso afirmativo, verificar los costos sociales y económicos de este avance.
En igual sentido, 2024 es también el primer año de implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (“REP”) para envases y embalajes. Hay que estar atentos a la forma en que se ejecute, pues los objetivos de sustentabilidad del país dependen en gran medida del éxito de esta ley. Sobre todo, considerando las dificultades que ha tenido la implementación de sistemas de gestión.
La desalinización es otro gran reto. Todavía no existe una regulación específica aplicable a la desalinización propiamente tal, los procedimientos de extracción de agua, ni tampoco sobre la forma de explotación comercial. Este 2024 podría ser el año en que se avance en el tema, por la relevancia que han tenido los tópicos permisológicos, la necesidad de aumentar la inversión en Chile, así como por la natural relevancia que este tema tiene o debería tener en un país que atraviesa una crisis hídrica cuyo final no se avizora.
Los desafíos que enfrenta nuestro país en torno a la sustentabilidad son importantes. Es de esperar que este 2024 sea el año en que existan importantes avances en esta materia.
Columna escrita por Antonio Rubilar, director de Derecho Público y Mercados Regulados.
