Nuestro socio Gabriel Zaliasnik hizo un llamado a revisar los problemas de la ley de delitos económicos y reconoció que las críticas llegaron un “poco tarde”.
En su discurso el Presidente Gabriel Boric hizo referencia al “téngase presente” que ingresó la CPC al Tribunal Constitucional, a través de los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, en donde alegaron “vicios de inconstitucionalidad” en la ley de delitos económicos.
“El haber recurrido por parte de algunos gremios empresariales a todas las instancias, como el Tribunal Constitucional, termina por fortalecer esta legislación. Más allá de lo jurídico, yo debo confesar que lamento que a la hora de avanzar en legislaciones de estas características que restablezcan las confianzas, no nos sumemos todos activamente en esta dirección”, dijo el mandatario.
Al respecto, el abogado Gabriel Zaliasnik señala en conversación con “El Mercurio” que “creo que sí fortalecimos la legislación, por la vía de detectar los problemas que tenía. Ahora esperamos que el Gobierno, el Ejecutivo y el Congreso se encarguen de reparar y subsanar, porque si no, hubiéramos tenido una legislación en que nadie hubiera presentado los problemas que tiene”.
“Yo creo que hay que leer bien el fallo del Tribunal Constitucional”, agrega, “porque lo que está en esa decisión del TC es que está levantando problemas de inconstitucionalidad y lo hace un número no menor de ministros”.
¿Cuáles son los problemas que identifican en la ley?
“Hay una vulneración bien grave a ciertos criterios de igualdad ante la ley. El concepto finalmente que subyace es un estatuto o un ordenamiento de la pena mucho más severo que para otros ciudadanos. Es decir, aquí hay dos formas de calcular ahora las penas en Chile. Una para todos los chilenos y otra para quienes son altos ejecutivos o directores de empresa”.
“Un problema tiene que ver con la aplicación de las normas procesales penales, porque al final del día esto se puede traducir en una especie de sobrecarga de causas que van a llevar a juicio oral en un sistema procesal que no está diseñado para soportar esa cantidad de carga”.
“El carácter de ejercer un rol elevado en la organización, es decir, un cargo jerárquico de gerencia o de directorio, te lleva, por un lado, a definir el hecho que normalmente para otros no lo sería como delito económico. Segundo, te lleva a que existe una agravante muy calificada, que te priva, por lo tanto, de los beneficios de rebajas de pena. Tercero, te priva de la pena sustitutiva. Tres veces el hecho lo consideras para una misma situación”.
“La ley tiene muchas cosas que son buenas y no es que todo sea malo, pero tiene problemas, tiene defectos”.
El abogado responde a las críticas de que podrían haber esbozado estos problemas antes. “Esta es una legislación que se hizo bajo una cierta cortina de humo, se hizo en silencio”, dice. Hace alusión a que la ley se presentó después del estallido, y se tramitó en medio de la pandemia y del trabajo de la Convención Constitucional.
“El foco estaba en el proceso constituyente y no en una legislación árida sobre el mecanismo de determinación de penas”, indica.
“La verdad es que no había un estado de tranquilidad y de transparencia legislativa que permitiera haber recogido oportunamente muchas de estas críticas. Yo concuerdo cuando algunos me dicen que levantamos un poco tarde las críticas”, afirma Zaliasnik.
Sin embargo, hace un llamado a ser autocríticos. “Les pido al Gobierno y al Congreso que estén abiertos a corregir aquellos defectos que con fundamentos se les han levantado. Negarse a verlos me parece que sería soberbio, sería una arrogancia que no ayuda a que tengamos una mejor legislación”.
“Ahí sí le concedo el punto al Presidente Boric, fortalecería en definitiva la legislación, porque la haría mucho más perfecta, más objetiva y que no dependa tanto de la interpretación que hagan los operadores”, concluye.
