Las empresas y sus gobiernos corporativos deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios, pero lo suficientemente rigurosas para implementar un sistema de prevención que cumpla con su propósito. Este desafío, además, presenta una oportunidad invaluable para fortalecer su reputación y confianza de los stakeholders.
Los gobiernos corporativos emergen como un pilar fundamental para asegurar la sostenibilidad y la integridad empresarial. En este contexto, la publicación de la Ley de Delitos Económicos plantea importantes desafíos para las organizaciones, impulsándolas a una revisión profunda de sus estructuras y prácticas internas.
En este sentido, a continuación, compartimos algunas claves para adaptarse a las exigencias de la nueva regulación:
Primero, transparencia y responsabilidad. Las empresas y, en particular, sus gobiernos corporativos, enfrentan la presión de implementar mecanismos más rigurosos que aseguren la claridad en sus operaciones y decisiones, un reto que no solo es legal sino también ético. La toma de decisiones bajo los criterios de la conocida regla del buen juicio de negocios se torna esencial a la hora de justificar la mejor forma de hacer las cosas.
Esto se traduce necesariamente en el cumplimiento de ciertos factores que deben considerarse para evitar verse envuelto en situaciones de riesgo:
(I) tomar decisiones en el mejor interés de la empresa.
(II) sin que medien conflictos de interés.
(III) encontrándose de buena fe.
(IV) basándose en la mayor cantidad de información disponible.
A su vez, el establecimiento de canales de denuncia efectivos y accesibles, junto con la protección para los denunciantes, se convierte en un aspecto crucial para fomentar un ambiente de integridad y confianza.
Por otro lado, se debe tener en cuenta una gestión eficaz de riesgos. La adaptación a la Ley de Delitos Económicos requiere de una gestión de riesgos más sofisticada. Las empresas deberán evaluar y mitigar proactivamente los riesgos legales y financieros asociados a actividades propias del giro de cada organización, lo que implica necesariamente un análisis de las actividades que, habitual o esporádicamente, puedan desarrollarse. Esto implica no solo una revisión exhaustiva de las operaciones actuales sino también un monitoreo constante para adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado y la legislación.
La gestión de riesgos, sin embargo, no debe agotarse en la identificación y determinación de estos, si no que, por el contrario, exige una supervisión y control periódicos, para que se produzcan los efectos esperados por la ley, es decir, el establecimiento de Modelos de Prevención adecuados y eficaces que prevengan de manera íntegra la comisión de ilícitos y otras infracciones.
Por último, es necesaria una cultura corporativa de integridad. Más allá de los sistemas y procesos, la nueva legislación desafía a quienes están en la alta administración de las empresas a cultivar una cultura corporativa arraigada en la ética y la legalidad. Si bien la responsabilidad no recae únicamente en los líderes empresariales, es necesario que, desde su rol, promuevan entre los miembros de la organización, un entorno donde los valores éticos guían las decisiones cotidianas.
La implementación de la nueva ley de delitos económicos no es tarea fácil. Las empresas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios, pero lo suficientemente rigurosas para implementar un sistema de prevención que cumpla con su propósito. Este desafío, además, presenta una oportunidad invaluable para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y, con ello, la reputación y la confianza de los stakeholders.
La adaptación a la nueva legislación sobre delitos económicos exige un compromiso firme con la transparencia, la gestión de riesgos y una cultura corporativa ética. Es un llamado a la acción para que las empresas no solo cumplan con las regulaciones, sino que lideren con el ejemplo, promoviendo un entorno empresarial más justo y sostenible.
Fuente: Diario Constitucional, 19 de febrero de 2024.
