Es factible esperar que exista un mayor número de procesos penales en curso y, eventualmente, también de sentencias.
El año 2023 representa una gran oportunidad para que el cumplimiento normativo continúe expandiendo y fortaleciendo su desarrollo en diversos ejes.
Esto es posible de constatar a través de (i) los diferentes avances existentes en materia legislativa, (ii) el rol que progresivamente adquiere la fiscalización y persecución de la autoridad estatal frente a las organizaciones y (iii) la ascendente concientización de las empresas sobre la idea de poner el foco en la prevención de infracciones y de desarrollar una cultura de integridad corporativa.
Algunos de los hitos y desarrollos más trascendentales a nivel normativo son los siguientes:
- La entrada en vigencia de la Ley N° 21.459 que establece normas sobre delitos informáticos y que contiene ocho figuras penales que se agregan al catálogo de delitos por los cuales la persona jurídica puede responder penalmente −desde diciembre de 2022− se traduce en que las empresas deben evaluar sus riesgos en este ámbito, a fin de detectar el nivel de exposición a estos y adoptar controles eficaces para prevenir y/o mitigar su comisión.
- La inminente entrada en vigencia de la Ley que regula las compañías Fintech y el sistema Open Banking −a falta de los trámites de promulgación y publicación− representa el origen de un marco regulatorio para determinados servicios financieros que operan a través de medios tecnológicos. Estas organizaciones serán sujetos obligados por la Unidad de Análisis Financiero, por tanto, deberán adoptar los mecanismos que establece la Ley para la prevención de los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
- En la misma línea del punto anterior, también podemos destacar que se tramita un Proyecto de Ley que busca establecer nuevos sujetos obligados por la Unidad de Análisis Financiero, a fin de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado (Boletín N°13588-07). Entre estas destacan las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados, empresas de arriendo de vehículos, entre otras, las cuales deberán adoptar o modificar sus esquemas de prevención de estos ilícitos.
- El Proyecto de Ley de Delitos Económicos continúa avanzando en su tramitación. Este proyecto busca sistematizar el tratamiento de los “delitos económicos” e incide directamente en la estructura de la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica en Chile, puesto que introducirá una serie de modificaciones, tales como: (i) la expansión del catálogo de delitos que pueden dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica; (ii) la ampliación del elenco de personas jurídicas potencialmente responsables por los delitos contemplados en la ley; (iii) modificación del régimen de imputación; (iv) la nueva figura del supervisor, entre otros. Esta coyuntura hará que las empresas y demás organizaciones deban implementar, repensar y/o ajustar sus programas de cumplimiento.
Por otra parte, es importante considerar que, en el último tiempo, la autoridad persecutora en Chile ha iniciado investigaciones dirigidas en contra de personas jurídicas, por tanto, es factible esperar que exista un mayor número de procesos penales en curso y, eventualmente, también de sentencias.
Otro punto a destacar es que la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que recibe la Unidad de Análisis Financiero va en aumento cada semestre, lo cual −sin pretender realizar un análisis de sus causas− demuestra −en cierta medida− que los sujetos obligados están cumpliendo con mayor rigurosidad sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Para obtener más información sobre estos temas pueden contactar a nuestro grupo Compliance:
Francisca Franzani | Directora Grupo Compliance | ffranzani@az.cl
Florencia Fuentealba | Asociada | ffuentealba@az.cl
César Robledo | Asociado | crobledo@az.cl
