Emisión de facturas, pago de impuestos, simulaciones y delitos figuran entre las eventuales infracciones por investigar.
Esta semana se cumplen dos meses desde que estalló el caso Convenios, crisis que tiene a cerca de 40 fundaciones investigadas por la fiscalía y forzó el viernes la renuncia de Giorgio Jackson como ministro de Desarrollo Social.
La crisis que se abrió con la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de RD —principal fuerza del oficialista Frente Amplio—, se ha concentrado en las indagatorias del supuesto traspaso irregular de altas sumas de fondos desde organismos públicos, como seremías y gobiernos regionales, a organizaciones privadas sin fines de lucro. También instaló el debate sobre las posibles responsabilidades políticas, administrativas y penales. Sin embargo, hasta el momento no se ha discutido la arista tributaria del caso y el rol de fiscalización que le correspondería en ese ámbito al Servicio de Impuestos Internos (SII).
A juicio de expertos consultados, dadas la envergadura de la crisis y la incertidumbre que se ha generado, es clave el accionar del SII. Hace un mes el director del Servicio, Hernán Frigolett, declaraba que hasta el minuto no habían detectado un potencial delito tributario y ahora desde la entidad señalan que por razones de reserva legal no pueden confirmar o descartar investigaciones en esta línea. No obstante, fuentes vinculadas al proceso revelan que el SII sí está monitoreando el caso y existe coordinación con el Ministerio Público, vía un convenio que se suscribió en junio para la persecución de delitos económicos y tributarios.
Hace dos semanas, en radio Bio Bio, el ex subdirector jurídico del SII Cristián Vargas explicó que la institución tiene la obligación de investigar y fiscalizar a las fundaciones que pudieran estar cometiendo delitos o irregularidades. Sin embargo, enfatizó que el Servicio “está al debe” en esta materia y llamó a apurar las indagatorias.
Otros expertos coinciden en la necesidad de acelerar la investigación de posibles delitos o faltas impositivas como una manera de cautelar “la fe pública”.
“Dadas las incertidumbres del caso y las implicancias tributarias que este puede tener, no sería prudente que el SII haga oídos sordos, debiendo cumplir su rol fiscalizador y velar por el cumplimiento de la norma tributaria”, dice David Ancelovici, director del Grupo Tributario de Albagli Zaliasnik (az).
Varias son las eventuales infracciones que se podrían haber activado en el caso Convenios y una de ellas, a juicio de Ancelovici, apunta a emisión de facturas. “De no haberse emitido las facturas por los servicios prestados, en la medida en que sean de aquellos gravados con IVA (que pareciera ser el caso), estaríamos, en primer lugar, ante un delito tributario y, en segundo lugar, podríamos pensar que estamos frente a diversas donaciones de dinero. Si este es el caso, ¿estas posibles donaciones han cumplido con los requisitos legales a las que están sujetas, pagando los impuestos correspondientes cuando corresponda?”, advierte.
Fuente: El Mercurio, 14 de agosto de 2023.
